Si usted nuca presenció una sesión en el Concejo Deliberante de Morón tiene que saber que el oficialismo posee la mayoría de Concejales y esto llevó a que ya no exista el democrático debate en el recinto ya que nadie del bloque del oficialismo responde a los pedidos de explicaciones por parte de los opositores. Esto ocurre sencillamente porque no les interesa debatir opiniones ya que saben que a la hora de los votos logran su cometido por ser mayoría. Esta postura llevó a perder  la institucionalidad que tanto costo recuperar y se instaló con la llegada de la democracia.

Lamentablemente el oficialismo de Morón nunca entendió que están para representar el pueblo moronense y no para satisfacer los caprichos de un Intendente que al momento no mostró nunca interés por la gente como tampoco capacidad para gobernar.

Los Concejales de Cambiemos no son claros y transparentes a la hora de sus presentaciones  ocultando cosas muy importantes como ser en el tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva donde se mostró un incremento del 35% y se escondió la nueva rezonificación que cambia la forma de calcular los aranceles incrementando el impuesto hasta un 50% en algunos casos y más en otros.

Por otro lado, estos mismos Concejales de Cambiemos, están empeñados en gobernar en el marco de la ilegalidad e inconstitucionalidad votando cosas que están fuera de las normas y ordenanzas como también fuera del reglamento municipal y de la constitución de la provincia. Ejemplo: el ejecutivo propuso que se pueda inspeccionar las propiedades de los vecinos y quien no le permita la entrada a la persona, que es un desconocido, será multado por el mismo ejecutivo ya que es él quien decidirá cuanto y como cobrar las multas, desconociendo o pasando por encima del Tribunal de Faltas quien debe multar las infracciones.

Tal como lo expresa el bloque del Frente Renovador en su comunicado, con este accionar el oficialismo decide avasallar la independencia de los poderes, intentando detentar el ejercicio del poder absoluto en el Intendente y sus  Secretarías, imponiendo artículos que atentan contra la salud de la vida democrática, contra las instituciones de la república y contra la representación del pueblo. No habrá una sociedad más justa, si quienes están encargados de administrar un gobierno, pasan por encima las leyes y ordenanzas que deberían respetar.