A pocos días de haber fracasado la designación del nuevo Defensor del Pueblo, Concejales de la oposición ya están alertando de oscuras maniobras del oficialismo

para modificar la Ordenanza N°80479/18, la cual habla sobre formas y requisitos para la presentación y elección de los postulantes al cargo.

Se intentará modificar el artículo 3 que dice: “El Defensor del Pueblo será designado por el Honorable Conejo Deliberante en Sesión Especial convocada a tal fin, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros de acuerdo al procedimiento establecido en Ia presente Ordenanza.” Como no pueden llegar a las dos terceras partes sin hacer consensos con otros bloques, porque para ellos el diálogo no existe, intentarán que la elección sea por mayoría simple y de esa manera poder poner en el cargo al que el Intendente Tagliaferro considere más apropiado para sus intereses.

El otro artículo que intentarán modificar es el 10, que dice: “La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra función pública o el ejercicio de la actividad comercial, laboral o profesional dentro y fuera del partido de Morón, excepto la docencia, siempre que el ejercicio de la misma no interfiera con el normal desempeño de sus funciones. Asimismo, también se le encuentra vedada la actividad y/o afiliación político partidaria, gremial y/o sindical. El cargo también es incompatible con la participación y/o vinculación directa o indirecta en cualquier empresa, sociedad o persona jurídica y/o física vinculada con la Municipalidad de Morón bajo cualquier carácter, modalidad, tipo o forma contractual.” Esto es muy peligroso ya que podría ocupar el cargo, por ejemplo, un funcionario de una empresa de servicios y a la hora de defender a un ciudadano en contra de esa misma empresa pasaría lo que hoy pasa a niveles Nacionales y Provinciales donde Ministros y funcionarios son parte de empresas privadas y nunca van a ir contra sus intereses.

Ya todos sabemos que el gobierno de Cambiemos se basa en el amiguismo y la protección de empresario poderosos en detrimento del bienestar del pueblo porque siempre se priorizaron otros intereses que no eran los de los ciudadanos comunes y la gestión de Morón no es la excepción.