Un escándalo de magnitud insospechada explotó en el Departamento Judicial de Morón a partir del papel de su presidenta, Mercedes Conti, y de una bizarra convocatoria a los intendentes de la región

para (supuestamente) frenar la liberación de presos. El 1º de Mayo, la Asociación difundió que "en un hecho histórico" había juntado en su sede de la calle Sucre a los tres intendentes de la región: Lucas Ghi, Alberto Descalzo y "Juanchi" Zavaleta. Incluso, en algunos portales de noticias dejaron entrever que el último en ser convocado había sido en anfitrión distrital, el jefe comunal de Morón.

Inmediatamente el malestar se dio a conocer, porque del mitín matutino no habían participado (porque no los invitaron) ningún funcionario judicial con implicancia real y directa en la liberación de presos.

De aquel encuentro, además de los jefes comunales y la presidenta de la Asociación de Magistrados, fueron parte el recientemente jubilado Eugenio Rojas Molina (del fuero civil), los camaristas Fabián Cardoso, Fernando Bellidos y Diego Bonano y el fiscal Matías Rappazzo. "Estos se creyeron de verdad que son los cinco fantásticos y son unos perdedores que no representan a nadie", se quejaron de inmediato otros funcionarios judiciales de peso que ven con preocupación como la Asociación de Magistrados lo primero que busca es posicionarse políticamente. Es que los últimos cuatro de Cambiemos fue totalmente proclive a la política de María Eugenia Vidal y su ex esposo Ramiro Tagliaferro. Incluso, en esos años, avalaron las conductas poco éticas del fiscal Claudio Oviedo, un operador policial dentro de la Justicia que armaba causas a pedido del gobierno y dormía las denuncias de la oposición. En la primera reunión con los alcaldes hubo un solo defensor oficial, Federico Toppino, ternado para juez y hermano de un funcionario de "Juanchi" Zavaleta. Su jefa no sabía ni había sido invitada a la reunión, pero él participó porque su jefe es un intendente y no superior en la justicia.

 

Ofensa de Fiscales y Defensores.

 

Tan grande fue el escándalo en los "encuarentenados" Tribunales de Morón, que, a los pocos días del primer encuentro, la fiscal general interina Karina Iussolino y la defensora general Claudia Bonanata, dolidas y despechadas, volvieron a convocar a los alcaldes. Y los tres políticos acudieron al reducto judicial para no ofenderlas más de la cuenta. ¿Los presos? ¿Los liberados? ¿La pandemia? Bien, gracias. Bonanata por lo menos tiene una clara definición ideológica: Está en contra de brindar la más mínima garantía de Derechos a las personas privadas de su libertad.  Para colmo todos los funcionarios judiciales opinan distinto en este tema. 

Semejante papelón judicial (que no pasó a mayores por la presencia de los intendentes) sólo dejó entrever la falta de prestigio de la Asociación, a la que acusan de ser "un grupo de rosqueros con un títere a la cabeza". Mientras tanto, por el momento, reina el statu quo en la justicia moronense. Con Iussolino en el cargo de fiscal general adjunta a pesar de haber sido durante años mano derecha del procesado y suspendido Federico Nieva Woodgate y nombrada para irse al Departamento Judicial de Moreno y admiradora del macrista Procurador General que dejó María Eugenia Vidal, Conte Grand. Con el fiscal Claudio Oviedo (le dicen "el novio de la chori") al frente de una fiscalía a pesar de haber sido mano de obra barata de la policía bonaerense y de Ramiro Tagliaferro y con un Fernando Bellidos inmutable, a pesar del juicio político en su contra por su actuación en el Caso Candela y de haber montado una incompatible "Fundación Judicial".